En la provincia de Condorcanqui, en la Amazonía peruana, una imagen quedó grabada en Mónica Maureira: la de una menor de edad con un hijo. Maureira viajó a la zona como parte de una delegación del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Lo que encontró no fue un caso aislado. En esa provincia, donde viven unas 70.000 personas de las comunidades awajún y wampis, se han acumulado desde 2014 cerca de 1.000 denuncias por abuso sexual de menores, tocamientos y violencia de género que, según BBC Mundo, no han sido atendidas por la justicia peruana. Algunas entidades elevan la cifra a 1.400.
La consecuencia ya se mide en salud: contagios de VIH entre menores de edad, incluso en niños y niñas de 3 y 4 años; decenas de embarazos adolescentes; y una crisis de salud mental que ha incluido intentos de suicidio.
Un problema que rebasa las aulas
La Defensoría del Pueblo de Perú puso el tema sobre la mesa en 2024, cuando reunió testimonios sobre lo que ocurría dentro de los centros educativos de la provincia. En ese informe habló de al menos 500 casos de acoso sexual en colegios con mayoría awajún y wampis.
La denuncia tomó forma a partir de una campaña encabezada por Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis. Pioc dijo a BBC Mundo que las mujeres de la comunidad han cargado con la tarea de proteger a las niñas, pero que el sistema judicial no responde.
"Pero estamos solas: el sistema judicial peruano simplemente dice que no tiene presupuesto para atendernos", afirmó.
La falta de presencia estatal aparece como el nudo central del problema. Pioc explicó que no hay jueces de forma permanente en la zona y que, cuando alguno llega, muchas veces no cuenta con personal que complemente el proceso ni con conocimiento de los temas indígenas para aplicar justicia de forma adecuada.
De acuerdo con el informe de la Defensoría del Pueblo, la mayoría de los casi 170 profesores acusados de abuso sexual a menores en la región no han sido procesados. Muchos fueron absueltos y otros fueron trasladados por las autoridades locales, lo que les permitió evadir la justicia ordinaria.
Lo que dicen las autoridades y las expertas
El comité de expertas del Mesecvi revisó la situación y concluyó que el problema va más allá de los colegios. Maureira dijo a BBC Mundo que encontró un asunto estructural que afecta a todas las mujeres, sobre todo a niñas y adolescentes.
También señaló que las consecuencias sanitarias son graves. "Hay niñas de 3 o 4 años que tienen el virus del VIH. Niñas a las que se les transmitió el virus a través de los abusos sexuales", dijo.
Pioc agregó que el problema no se limita a casos individuales. "No son solo las niñas, son familias enteras con VIH, sin poder recibir ninguna atención en salud", explicó.
El Ministerio de Salud de Perú informó que entre 2014 y 2026 se registraron 190 casos de personas infectadas con VIH en estas comunidades, entre los 14 y los 19 años. A nivel regional, la prevalencia del VIH llega al 1,8%, seis veces más que en otras regiones del país, aunque esos datos abarcan toda la provincia de Condorcanqui y no solo la zona indígena.
Pioc advirtió además que hay más casos no contabilizados porque no existen recursos para hacer diagnósticos.
Qué significa para las familias
Para las familias de Condorcanqui, la crisis no se queda en los expedientes. Muchas víctimas no pueden volver a casa por el estigma o por el contagio de la enfermedad, según la líder comunitaria. Otras son trasladadas a refugios donde nadie habla awajún ni conoce su realidad.
Pioc pidió dos medidas urgentes: más presupuesto para atender las denuncias de abuso sexual y la construcción de un albergue para las víctimas. Por ahora, dijo, existe un refugio temporal, pero no alcanza para una atención prolongada.
La emergencia médica ya fue declarada en la zona, según el Ministerio de Salud, pero las organizaciones que revisaron el caso insisten en que hace falta un plan integral que evite también la estigmatización de las niñas y adolescentes.
Qué viene
El Mesecvi recomendó al poder central de Perú que asigne recursos suficientes para judicializar a los responsables y frenar una situación que, según Maureira, puede empeorar si sigue sin respuesta.
La pregunta ahora es si el Estado moverá presupuesto, jueces y atención médica a una zona donde, por años, las denuncias han quedado sin castigo.
Fuentes
Foto: BBC News Mundo.
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