El sábado, decenas de miles de personas salieron a la calle en distintas ciudades de España para protestar por la crisis de la vivienda. En Madrid, los organizadores hablaron de unas 500.000 personas, mientras que la Delegación del Gobierno rebajó la cifra a 70.000.
La movilización llegó después de la indignación por el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que no pudo afrontar un fuerte aumento del alquiler. Días después se alcanzó un acuerdo con la empresa propietaria para que pudiera volver a su casa, pero el caso ya había encendido protestas en todo el país.
Las marchas se organizaron en unas 50 ciudades, entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Santiago de Compostela, Zaragoza, A Coruña, Alicante, Santander y Las Palmas de Gran Canaria. Los manifestantes pidieron alquileres más bajos, el fin de los desalojos y que los fondos de inversión, conocidos en España como “fondos buitre”, no puedan comprar propiedades.
“Hay mucha rabia en las calles”, dijo un portavoz del Sindicato de Inquilinos de Valencia, donde la protesta terminó con enfrentamientos entre algunos manifestantes y la policía.
En Valencia, las imágenes mostraron a personas retirando barricadas y lanzando objetos a los agentes cerca del Palau de les Arts Reina Sofía, donde se celebraba una cumbre inmobiliaria. Según medios españoles citados por la BBC, la policía respondió con balas de goma y gases lacrimógenos. RTVE informó que nueve agentes resultaron heridos y cinco personas fueron arrestadas.
En Madrid, la protesta transcurrió sin incidentes. Allí, varios grupos partieron desde la Puerta del Sol, donde desde hace días decenas de personas acampan. Uno de ellos, David, dijo a RTVE: “Estamos aquí por convicción”.
El viernes, el Congreso rechazó dos decretos sobre vivienda que el gobierno de coalición de izquierdas de Pedro Sánchez había presentado tras la presión pública. El primero incluía la suspensión de los desalojos de inquilinos vulnerables hasta 2030, una prórroga de dos años para los contratos que vencieran antes de 2028, aumentos de impuestos para los apartamentos turísticos y una restricción a la compra de viviendas residenciales por parte de fondos de inversión. El segundo buscaba la renovación automática de los contratos de alquiler.
Los diputados tumbaron el primer decreto por 178 votos contra 172 y el segundo por 184 contra 166. Antes de la votación, el Partido Popular y Vox ya habían anunciado que votarían en contra. Junts per Catalunya también se opuso en la víspera de la sesión, lo que dejó al gobierno sin margen para aprobar las medidas.
Para los inquilinos, el rechazo de esos decretos deja en el aire varias de las medidas que el Ejecutivo quería aplicar para frenar los desahucios y aliviar la presión sobre los contratos de alquiler. Para quienes buscan vivienda, el problema sigue siendo de fondo: el Banco de España calcula que falta más de 700.000 viviendas en el país y advirtió que el déficit podría llegar al millón en dos años si no se actúa.
Los precios ya vienen subiendo. Según el Instituto Nacional de Estadística, la vivienda aumentó un 12,2% en el último año. En alquiler, Idealista informó que el costo subió un 8,5% en 2025, con Madrid entre las ciudades más caras para arrendar.
Marcos Sainz, bibliotecario de 26 años, dijo a AFP que antes compartía un piso de dos habitaciones por 900 euros al mes y que ahora una vivienda de una habitación suele costar 1.000 euros. “Todos tendremos que irnos de Madrid”, afirmó.
La derrota sufrida por Sánchez el viernes aumenta las especulaciones sobre una eventual convocatoria a elecciones generales anticipadas. Los comicios deben celebrarse, a más tardar, el próximo verano boreal.
Fuentes
Foto: BBC News Mundo.
Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok, X y el canal de WhatsApp.
