Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, 58 personas extranjeras han muerto mientras estaban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o durante operativos migratorios. De ellas, 18 eran mexicanas, según un recuento de AP citado por La Opinión.
La cifra significa que los mexicanos representan 31% de los fallecimientos registrados desde enero de 2025. Y llega después de que el año fiscal 2026 cerró con 37 muertes bajo custodia de ICE, el número más alto registrado por la agencia en un solo año fiscal, de acuerdo con una investigación de Bloomberg Law.
El aumento de muertes cambió la respuesta del gobierno mexicano.
En julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que 17 mexicanos habían muerto en casos relacionados con ICE: 14 dentro de centros de detención y tres durante operativos. Para entonces, México ya había enviado 11 notas diplomáticas a Washington para pedir aclaraciones.
Ante la falta de avances suficientes, el gobierno mexicano anunció que buscará responsabilidades ante autoridades estadounidenses y organismos internacionales. La estrategia incluye denuncias ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia, además de acciones civiles contra empresas privadas que administran centros de detención.
La presidenta Claudia Sheinbaum justificó ese cambio de ruta con una frase clara: “No podemos hacer caso omiso de los mexicanos que han muerto en operaciones de ICE o que estaban detenidos en estos centros”.
El aumento de las muertes no se explica solo por cuántas personas hay detenidas. Un informe de Human Rights Watch y Physicians for Human Rights encontró que entre enero de 2025 y enero de 2026 la población bajo custodia de ICE subió 77%, mientras que la tasa anualizada de mortalidad aumentó 138%.
Ese estudio analizó 39 fallecimientos y documentó problemas relacionados con atención médica, hacinamiento y supervisión. Las organizaciones advirtieron que el crecimiento de las muertes fue desproporcionado frente al aumento de la población detenida.
Bloomberg Law también señaló fallas en la supervisión interna. Según ese medio, la reducción de personal en la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional dejó a esa instancia con menos de cinco empleados, cuando antes tenía más de 100.
Washington rechaza que haya un aumento repentino de muertes y sostiene que las personas detenidas reciben atención médica y debido proceso. Esa postura choca con las preocupaciones expresadas por organizaciones de derechos humanos y con las cifras más recientes.
México ya dijo que buscará la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También seguirá empujando denuncias y acciones civiles contra las compañías que administran centros de detención.
Por ahora, la cifra que sigue pesando es esta: 18 mexicanos entre 58 muertes vinculadas con ICE. Y el gobierno mexicano quiere que las investigaciones aclaren qué pasó en cada caso.
Fuentes
Foto: La Opinión.
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