Horas después de que la exjueza de la Corte Penal Internacional (CPI) Navi Pillay recibiera el Premio Nobel de la Paz 2026, el gobierno de Donald Trump anunció sanciones contra el tribunal con sede en La Haya.
Marco Rubio, secretario de Estado, dijo que las medidas buscan “defender la soberanía de Estados Unidos” y acusó a la CPI de intentar enjuiciar a ciudadanos estadounidenses. El tribunal respondió que se trata de un ataque contra el estado de derecho y los fundamentos del orden jurídico internacional.
Las sanciones incluyen la prohibición de que entidades estadounidenses hagan transacciones con la CPI, entre ellas servicios bancarios y tecnológicos. Washington, sin embargo, dio un período de gracia de seis meses antes de que algunas medidas entren en vigor, para dar tiempo a negociar una “solución que aborde” sus preocupaciones.
Estados Unidos ya había sancionado a 17 jueces y funcionarios de la CPI, pero esta vez apuntó a la institución misma. Según la BBC, la intención es golpear su capacidad financiera y operativa.
La Casa Blanca sostiene que el tribunal está dirigido por lo que llama globalistas que amenazan la soberanía estadounidense. También lo acusa por una investigación pasada sobre soldados estadounidenses en Afganistán, que el tribunal ya cerró, y por las órdenes de arresto contra funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu.
La CPI dijo que las sanciones buscan perturbar su trabajo e intimidar a quienes cooperan con ella, pero añadió que “no se dejará amedrentar”. António Guterres, secretario general de la ONU, calificó la decisión de Estados Unidos como “un duro golpe” para la justicia penal internacional.
Varios países miembros del tribunal, entre ellos Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón y Países Bajos, expresaron su apoyo “continuo e inquebrantable” a la CPI y dijeron que “lamentan y discrepan profundamente” de las sanciones.
Netanyahu, en cambio, celebró la medida y sostuvo que la CPI no es un tribunal, sino un organismo político que amenaza a las democracias respetuosas de la ley y la idea de soberanía nacional.
La CPI fue creada en 2002 para juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Si sus finanzas se ven afectadas, también puede resentirse el avance de casos que ya están en marcha.
El profesor Ryan Goodman, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, advirtió que las sanciones podrían impedir que la CPI lleve casos a juicio. Eso podría dejar en el aire a personas detenidas que esperan juicio o sentencia, entre ellas Rodrigo Duterte, el expresidente de Filipinas, acusado de la ejecución extrajudicial de miles de personas durante su guerra contra las drogas.
Entre quienes también están a la espera de juicio o con apelaciones pendientes figuran exfuncionarios acusados de crímenes de guerra en Libia, Sudán y la República Centroafricana.
Estados Unidos dijo que dejó abierta una ventana de seis meses para negociar una salida.
Fuentes
Foto: BBC News Mundo.
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